La última vez que los militares intervinieron en El Alto fue en octubre de 2003, cuando intentaron sofocar la revuelta civil contra el entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Losada. Esta madrugada los uniformados volvieron a la segunda ciudad más poblada de Bolivia después de La Paz, pero en esta ocasión fueron recibidos con aplausos y hasta con flores.
El presidente Evo Morales también recibió elogios, aunque los vecinos lamentaron que haya tardado en tomar la decisión que tanto se le reclamaba. Se trata del envío de 2.300 efectivos para combatir el delito en El Alto como en la vecina La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz.
Fiel a su postura de no involucrar a las fuerzas armadas en otras tareas que no fuesen la defensa de la soberanía o la custodia de ciertos puntos estratégicos, como las instalaciones petrolíferas, Morales era reticente a una medida de esa naturaleza. La ola de asesinatos por estrangulamiento en El Alto, los secuestros en Cochabamba y en La Paz, como la proliferación del narcotráfico en las cuatro ciudades finalmente le convencieron de sacar a la infantería de sus cuarteles.
Las patrullas militares comenzaron a circular por las calles de El Alto pasada la medianoche y de forma casi simultánea en las otras ciudades. Al lanzamiento de la llamada 'Operación Ciudad Segura', asistieron el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, el comandante de la Policía, Jorge Santiesteban y autoridades del Ejército. Saavedra informó que la operación durará 90 días y que al término de ese período se evaluarán los resultados.
La droga, la clave de la violencia
La principal tarea de los soldados en El Alto será desbaratar los laboratorios donde se produce cocaína y los centros de distribución de la droga. César Guedes, representante en Bolivia de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODOC) señaló hace unos días, que el narcotráfico es "la madre de la delincuencia urbana", sobre todo en El Alto. El funcionario denunció con especial énfasis, el "microtráfico" de estupefacientes en las escuelas y el aumento de su consumo entre los jóvenes.
Asimismo, un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) revela que el 70% de los delitos cometidos desde mayo de 2011 a la fecha, están vinculados a la droga. Muchas de las personas que se atrevieron a denunciar a los narcotraficantes en sus vecindarios, fueron torturadas y estranguladas para servir de escarmiento. Pero los pobladores de El Alto no son personas que se amedrentan fácilmente. En el 2003 ellos fueron la vanguardia del movimiento que desalojó a Sánchez de Losada del poder y los primeros en enrolarse a los Ponchos Rojos, la guardia pretoriana de Evo Morales.
Como respuesta a los asesinatos mafiosos y ante la inoperancia de la Policía, los alteños se organizaron en brigadas de vigilancia y empezaron a hacerse justicia por mano propia. A principios de marzo, uno de esos grupos prendió fuego a la casa de un delincuente, sospechoso de haber participado en el asesinato de dos periodistas de El Alto. La Policía intervino justo cuando los vigilantes rociaban al individuo con gasolina para quemarlo vivo. En una localidad cercana, dos presuntos ladrones fueron linchados por la multitud.
El surgimiento de las brigadas coincidió con una fuerte caída en la popularidad de Evo Morales en una ciudad considerada como baluarte de su partido, Movimiento Al Socialismo (MAS). En el Alto así como en La Paz, aparecieron carteles que señalaban a Evo como cómplice de los narcotraficantes. La denuncia se fundaba en que el presidente defiende la hoja de coca como patrimonio cultural de los bolivianos y en sus vínculos con los líderes de los sindicatos de cocaleros de Chapare, una de las regiones donde más se cultiva esa planta.
Cabe señalar que de acuerdo con los datos de UNODOC, Bolivia pasó a ser el segundo mayor productor de cocaína en Sudamérica, después de Colombia. Todos esos factores obligaron a Evo Morales a poner de lado sus reparos y adoptar una política de mano dura contra la delincuencia urbana.
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